Si la nueva propuesta de la Comisión Europea sale adelante, España tendrá que reducir sus emisiones de CO2 en un 26% para el año 2030 respecto a los niveles de 2005. El plan afecta a los sectores que no están cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, como el transporte, la vivienda, la agricultura y la gestión de los residuos que representan el 60% de las emisiones totales en la UE, y forma parte del objetivo de los 28 de reducir un 40% las emisiones para el año 2030. “Son objetivos ambiciosos y estoy convencido de que podremos alcanzarlos mediante un esfuerzo común de todos los Estados miembros”, sostiene el comisario de clima y energía, Miguel Arias Cañete.

Según su propuesta, solo 12 Estados miembros tendrán que hacer entre 2021 y 2030 un esfuerzo mayor que el de España, y que oscila entre el recorte del 30% exigido a Irlanda y el 40% que se les pide a Luxemburgo y a Suecia. A medio camino se sitúan Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Bélgica e Italia con recortes de entre el 39 y el 33%. Las metas más suaves serán de nuevo para los países del este y van desde el 0% que se le pide a Bulgaria hasta un recorte del 24% para Chipre.

Se trata de objetivos nacionales vinculantes que Arias Cañete ha presentado como “justos, flexibles y realistas” porque reconocen las diferentes capacidades de los Estados miembros para alcanzarlos. La propuesta diferencia los objetivos según el PIB per cápita, lo que implica que Estados miembros con más riqueza tienen metas más ambiciosas que los países con una renta más baja. No obstante, nueve países –entre ellos no está España-, podrán además beneficiarse de ciertas “flexibilidades” para llegar al objetivo designado y uno de los elementos a tener en cuenta será el uso del suelo y la tierra. Por ejemplo, si un país acomete deforestaciones deberá compensar las emisiones resultantes mediante la plantación de nuevos árboles (reforestación) o mejorar la gestión sostenible de los bosques, cultivos y praderas existentes.

Los jefes de estado y de gobierno decidieron en octubre de 2014 fijar un objetivo vinculante de reducción de las emisiones del 40% para el año 2030 respecto a los niveles que había en 1990. Un compromiso que obliga a todos los sectores económicos a contribuir. La industria y los sectores de la energía están obligados, en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión, a reducirlas un 43% para 2030 y el resto –desde el transporte hasta la construcción- tendrán que rebajarlas en un 30%.

OBJETIVOS POCO AMBICIOSOS, SEGÚN LOS ECOLOGISTAS

La reacción de los grupos ecologistas a las nuevas propuestas no ha sido, sin embargo, muy positiva. Para Greenpeace, el plan es poco ambicioso y denuncia que no refleja adecuadamente las promesas hechas por la UE en la conferencia de París para mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Al contrario, advierte que las propuestas ofrecen demasiada flexibilidad a los gobiernos y muchos resquicios que les pueden permitir evitar tomar medidas. Y lo mismo Ecologistas en acción, que consideran que el recorte del 26% asignado a España está “muy por debajo”, según su experto en cambio climático Javier Andaluz, de lo que España “como país enriquecido debería asumir”. España, debido a la crisis económica, en 2013 ya había reducido más de un 21% sus emisiones difusas respecto a 2005.

“La Comisión ha perdido una oportunidad importante para intensificar la acción climática de la UE en esta propuesta de reparto del esfuerzo de reducción de las emisiones al no introducir un mecanismo para aumentar y mejorar los objetivos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace en España. “Además, la Unión Europea se comprometió en la Cumbre de París a que la temperatura del planeta no aumentara más allá de los 1,5 ºC, y esta propuesta imposibilitaría el cumplimiento del acuerdo”.

Junto a la propuesta de recortes, la Comisión Europea ha presentado una estrategia con tres pilares con el objetivo de impulsar un sistema de transporte mucho más eficiente, acelerar el despliegue de energías alternativas mucho más limpias así como el desarrollo de vehículos con bajas emisiones e incluso cero.

El transporte es responsable del 10% de las emisiones de CO2 en España y de ellas, el 40% corresponden a la movilidad en zonas urbanas y metropolitanas. Por esta razón, la organización ecologista Greenpeace pide a los municipios españoles que reduzcan sus emisiones un 50% hasta el año 2030, para lo que deberían reducir un 35% los desplazamientos en automóviles en las grandes áreas urbanas y metropolitanas y derivarlos al transporte público, la marcha a pie y la bicicleta. Estas medidas son las mínimas para hacer que la movilidad urbana contribuya activamente a mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1.5ºC y salvar el clima.

Fuente: medio ambiente

Fuente: El Periódico, Greenpeace.