La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propondrá este martes ampliar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE previstos para 2030, a pesar de la resistencia de importantes capitales como Berlín. La propuesta de Von der Leyen forma parte del llamado Pacto Verde, la estrategia que la nueva Comisión Europea aprobará este miércoles para combatir el cambio climático e intentar que Europa lidere mundialmente la transición tecnológica hacia una economía más sostenible.

Bruselas considera imprescindible elevar esa meta del 40% fijado ahora al 50% o, incluso, llegar al 55%, según el borrador del Plan difundido este lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El recorte a 2030 sería la parada intermedia necesaria para que en 2050 Europa logre la neutralidad de carbono, es decir, emisiones netas cero o, lo que es lo mismo, el fin de la era de los combustibles fósiles.

La propuesta de Von der Leyen aún debe ser aceptada por el Parlamento comunitario –algo que parece factible a tenor de los pronunciamientos recientes de la Eurocámara– y por el Consejo –algo más complicado por las reticencias de algunos de los Veintisiete, entre ellos, Alemania–.

La aprobación del Pacto Verde llega en mitad de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid hasta el viernes. Esta COP25, como se conoce a esta cita organizada bajo el paraguas de la ONU, es este año un circo de dos pistas. Un foco está puesto en Madrid y el otro está en Bruselas. Porque, a diferencia de lo que ha ocurrido tradicionalmente, la UE no está mostrando el clarísimo liderazgo que históricamente ha ofrecido en las negociaciones climáticas que desembocaron en 2015 en la firma del Acuerdo de París.

Parlamento Europeo, Bruselas. Pixabay

Ese pacto establece que todos los países que lo firmen deben presentar planes de recorte de emisiones y la suma de todos ellos debe permitir que el calentamiento se quede dentro de unos límites no catastróficos. La ciencia ha situado ese límite en un aumento de la temperatura media de entre 2 y 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Pero la suma de todos los planes de recorte de los países no son suficientes, por lo que durante 2020 los firmantes del pacto deben revisarlos al alza.

Ese es el contexto de la propuesta que presentará Von der Leyen, que cuenta con firmes defensores entre los miembros de la UE, pero también con países que dudan de que Europa deba asumir mayores esfuerzos mientras el resto de potencias miran para otro lado, como China, o simplemente no se sienten comprometidos con París, como EE UU.

El Pacto Verde que tiene previsto aprobar mañana la Comisión Europea, según el borrador, aborda una decena de áreas, que abarcan desde la neutralidad climática –cero emisiones en 2050– a la sostenibilidad de la Política Agrícola Común o la dotación de fondos millonarios para sufragar la transición energética.

La neutralidad climática, según el borrador de los textos de la Comisión, se perseguirá mediante la aprobación de una norma en la primavera de 2020 que convertirá en legalmente vinculante el objetivo de cero emisiones en 2050. El Plan incluye un Fondo de transición de 5.000 millones de que, junto a una partida de 5.000 millones de los fondos estructurales y 1.500 millones en avales, aspiraría a movilizar inversiones de hasta 35.000 millones para ayudar a los países más afectados por la reconversión en ciernes.

Algunas de estas medidas ya fueron anunciadas por la presidenta de la Comisión el primer día de la cumbre. Sin embargo, Von der Leyen no comentó nada del aumento del objetivo de recorte de emisiones para 2030.

El borrador del Pacto Verde de la Comisión sí establece el compromiso de aprobar antes de final del año que viene un plan global que aspire a una reducción de emisiones del 50% o 55% en 2030. Ese compromiso deberá ser presentado ante la ONU también durante 2020 si finalmente se logra un acuerdo en el seno de la Unión.

Una tasa contra la impartición de electricidad sucia

El borrador de Pacto Verde, además, incluye un mecanismo de ajuste para las importaciones energéticas, que permitiría penalizar la entrada de electricidad procedente de países donde las emisiones de CO2 excedan los compromisos adquiridos internacionalmente. El proyecto de esa tasa, que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los socios, incluida España, podría aprobarse antes de finales de 2021, según el borrador de la Comisión.

Otra de las medidas de la propuesta de la Comisión hace referencia a una revisión de la fiscalidad de la energía para mediados de 2021 que busca penalizar las fuentes más contaminantes. Además, se persigue incluir al sector marítimo en el mercado de emisiones de dióxido de carbono y reducir los derechos de emisiones que se regalan al sector aéreo. Se incluye dentro del Pacto Verde también una nueva estrategia de política industrial y de economía circular que se aprobaría en primavera de 2020.

Fuente: El País