El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado hoy que “el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental garantiza la máxima protección ambiental y da un nuevo impulso al desarrollo sostenible”. “El proyecto de Ley refuerza la protección del medio ambiente, simplifica y agiliza los trámites e incrementa la seguridad jurídicamediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional”, ha añadido.

Miguel Arias Cañete ha defendido hoy, en el debate de las enmiendas de totalidad en el pleno del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que responde al compromiso del Gobierno de afrontar “una profunda reforma de nuestra legislación ambiental”. Según ha explicado, el objetivo de estas reformas es hacer que las normas ambientales sean “un instrumento eficaz para proteger el medio ambiente, anticiparse a los riesgos y prevenir los daños que la actividad humana pueda ocasionar”.

En su intervención, Arias Cañete ha justificado la necesidad de esta ley para corregir las insuficiencias detectadas en los 25 años de aplicación en España de la evaluación ambiental, como pueden ser la diversidad de normativas, “que genera inseguridad jurídica y confusión a los ciudadanos”, o la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental, “dilaciones que no encuentran justificación desde el punto de vista de la prevención ambiental”.

Ante esta situación, “resultaba imperioso proceder a la reforma de la normativa de evaluación ambiental”, en línea con el debate que está teniendo en este momento en la Unión Europea, con el triple objetivo de reforzar la protección ambiental, simplificar y agilizar los procedimientos, y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional.

Objetivos de Proyecto de Ley

Arias Cañete ha reiterado que este proyecto de ley “refuerza la protección del medio ambiente y concentra los esfuerzos en los proyectos que presentan mayores impactos ambientales”. Para ello, la ley se fundamenta en los principios de “precaución, acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente y quien contamina, paga”.

El ministro ha señalado como ejemplo de la vertiente preventiva el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinario los proyectos de fractura hidráulica o fracking, que hasta ahora no estaban sujetos de forma preceptiva a esta evaluación.

Asimismo, el proyecto de ley simplifica y agiliza la evaluación ambiental, “ya que los procedimientos complejos o poco ágiles no suponen mayor protección ambiental y constituyen un freno al desarrollo sostenible”, ha afirmado. Por eso, esta norma unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental. También se ha hecho un esfuerzo para ajustar los tiempos de tramitación, con una regulación de plazos más cortos y estableciendo como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios.

En relación con el tercer objetivo, Arias Cañete ha señalado que la ley incrementa la seguridad jurídica mediante una legislación homogénea “que promueva la unidad y la integración en materia de evaluación ambiental en todo el territorio nacional”.

En definitiva, el ministro ha recalcado que el proyecto de ley “incrementa la seguridad jurídica de los promotores, ya que garantiza que estos puedan conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación del correspondiente plan, programa o proyecto”.

Reparación de los Valores Naturales

Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que la ley introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental. También recoge la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un mecanismo voluntario y complementario a los utilizados tradicionalmente, que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales.

Con esta medida, el Gobierno cumple el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que contempla la creación de los bancos de conservación de la biodiversidad y otorga a esta actividad la máxima prioridad. Además, el ministro ha puntualizado que el desarrollo de estos bancos se encuentra entre las líneas estratégicas europeas en la materia.

Bunkering

Por último, el ministro ha mencionado que el proyecto de ley de Evaluación Ambiental introduce modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se trata, ha aclarado, de garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000 se puedan sancionar. Además, ha añadido, se tipifican expresamente infracciones como “el bunkering mediante el fondeo permanente de buques-tanque o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos”.

“Son precisamente estas modificaciones, las que han justificado que el Gobierno solicite la tramitación por el procedimiento de urgencia de este proyecto de ley”, ha añadido el ministro.

Para Arias Cañete, “resulta indispensable que, con la mayor rapidez posible, todas las conductas que puedan afectar negativamente o poner en peligro la conservación de los espacios de la Red Natura 2000, tengan asegurada una sanción adecuada”.

En definitiva, Arias Cañete ha mostrado su convencimiento de que este proyecto de ley “mejorará la tramitación administrativa de las evaluaciones ambientales y con ello, conseguiremos una mejor protección ambiental”.

Fuente: MAGRAMA