El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación ambiental al considerar que vulnera diversos artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y abre la puerta al trasvase del Ebro.

El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley ante las conclusiones del informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos han considerado «contundente» e «incontestable».

Incluso el del PP, Antonio Torres, ha dicho que a la vista del documento su grupo no podía hacer otra cosa que no fuera votar a favor, aunque ha matizado que la modificación de la ley «no abre puertas» al trasvase y regula únicamente el del Tajo-Segura.

La iniciativa ha partido de CHA, cuyo portavoz, José Luis Soro, ha rechazado que las disposiciones que se van a recurrir se refieran solo al trasvase Tajo-Segura, ya que lo que se establece es que la dirección general del Agua podrá autorizar la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconecten territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca «en general», incluido por tanto el del Ebro.

«Un silencio con fuerte viento de Levante», ha dicho Soro, quien ha acusado al PP de votar hoy a favor de la presentación del recurso «con la boca pequeña», porque el informe jurídico es «incontestable».

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Javier Sada, del PSOE, ha dicho que el informe pone de manifiesto que la ley abre la puerta «de par en par» al trasvase, ha criticado que el PP se negara a la elaboración de un informe previo que habría dado la oportunidad a las Cortes a oponerse a la ley en su tramitación y ha dicho que la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, «mintió» cuando dijo que no había el menor indicio jurídico de que la ley abriera la posibilidad al trasvase.

Torres, por su parte, ha reiterado que la oposición al trasvase del PP, de Rudi y de su Gobierno es «indudable e inequívoca», ha opinado que los miembros de CHA «vivían mejor contra el trasvase» y ha lamentado la intervención «histriónica» de Sada, ya que sobre los informes jurídicos no se miente, sino que se pueden tener opiniones diferentes.

Patricia Luquin, de IU, ha opinado que Rajoy deja que hablen por él aquellos que tienen claro que el trasvase se va a hacer, como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, o los presidentes de Valencia y Murcia, Alberto Fabra y Ramón Luis Valcárcel.

Por su parte, Alfredo Boné, del PAR, ha hecho hincapié en que los aragonesistas no tienen ninguna duda de que la ley es «trasvasista», y ha recordado que los tres senadores de su partido la rechazaron en la Cámara Alta, al tiempo que ha vaticinado que el trasvase «acabará abriendo en canal a este Parlamento» a no ser que los grupos sean capaces de entender que es «un tema de país» en el que Aragón se juega su futuro y exige la unidad de las fuerzas políticas.

Fuente: http://noticias.terra.es/