La plataforma Alianza por el Clima presentó el pasado viernes sus propuestas para la parte de adaptación en la Ley de cambio climático en el Estado español. “Esta ley se está diseñando a través de un proceso que insistimos en que debería ser participativo e inclusivo. Dicho proceso debe ser transparente y equilibrado, y garantizar que la voz de todos los agentes sociales esté suficientemente representada y se recojan las aspiraciones e inquietudes de todos ellos”, subrayan.
Para Alianza por el Clima, la adaptación es clave porque “ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático”. La Ley de cambio climático y transición energética “deberá contemplar el marco legislativo adecuado para fomentar medidas encaminadas a la adaptación de los distintos sectores (transporte, agua, industria y energía, edificación, biodiversidad, agricultura, finanzas…) a la realidad del cambio climático”.
En este sentido, Alianza por el Clima propone implementar medidas como actualizar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y desarrollar planes o programas más específicos para ciertos ámbitos (salud humana, zonas costeras, sector agrario, sector turístico, de concienciación social ante el riesgo de emergencias y catástrofes…); destinar suficientes recursos a las medidas de adaptación; considerar la adaptación en todas las políticas sectoriales (urbanismo, turismo, agricultura, forestal…); mejorar la coordinación de todas las administraciones para desarrollar estas políticas; y articular la participación ciudadana y de los sectores concernidos para diseñar y aplicar las políticas de adaptación.
Imagen Greenpeace
Alianza por el Clima constata que el cambio climático es una realidad en el Estado español, y además el español es uno de los estados “más vulnerables dentro de nuestro entorno, por lo que estas medidas son urgentes y necesarias”.
El trabajo realizado para la elaboración del documento ha llevado a la plataforma a una serie de conclusiones. “Invertir en adaptación ahorra dinero. Efectivamente, las medidas de adaptación evitan en muchos casos daños que tienen un coste económico, social y ambiental, muy elevado”, afirman considerando “necesario un análisis sectorial para diseñar medidas de apoyo y reforma de los sectores más afectados”. Asimismo, destacan que “estamos ante un desafío complejo y multisectorial” por lo que “es necesario tomar medidas en varios frentes a la vez para obtener resultados apreciables” y “poner especial atención a la coherencia de políticas, precisamente por el carácter multisectorial y transversal que supone el cambio climático”.
Según Alianza por el Clima el cambio climático afecta más a las personas en situación de pobreza, a las y los emigrantes y a la población infantil y amenaza el rico patrimonio natural de nuestros territorios. Es por tanto “un problema social, ambiental y económico”. Las organizaciones de Alianza Por el Clima reclaman una ley de cambio climático que sea capaz de dinamizar la sociedad, a través de los incentivos adecuados para adaptarnos a esta nueva realidad.
“El cambio climático es una amenaza para los derechos humanos. Los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y a la alimentación están comprometidos. El cambio climático nos exige reformas que no deben dejar a nadie atrás, y deben ser coherentes con nuestro compromiso con las generaciones futuras”, concluyen.
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