El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y ha imputado a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que el juez ha acordado abrir diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por Fiscalía contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.

Respecto a la administración, el juez acuerda tomar declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el año 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas: el coordinador del Instituto, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos Minerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jorge Sanz.

También tomará declaración como imputados, por la resolución de 2010 en la que se encarga a Escal el proyecto, al que en ese momento era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo.

En cuanto a Escal, el juez ha imputado a su legal representante, así como a los miembros del Consejo de Administración: Recaredo Del Potro; Mohamad Jaffar; José Luis Martínez; Harold Philip; José Alfonso Nebera; Juan Cristóbal González; Ramón Jiménez; y Óscar Manuel Yunta.

Según recoge el juez en su auto, con fecha 26 de enero, el 31 de enero de 2006 la mercantil Escal solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Castor. Como consecuencia, el entonces director de Política Energética solicitó un informe al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que fue emitido en enero de 2007, y en él se dejaba constancia de que la estructura Castor se entendía apta para el almacenamiento de gas.

A la vista de este informe que validó la viabilidad del proyecto, el Consejo de Ministros, a propuesta de Sanz, otorgó por Real Decreto la concesión de explotación, habilitando así a Escal a utilizar la estructura subterránea Amposta de acuerdo con los parámetros de Planificación Energética.

Imagen de las instalaciones de Castor http://zetaestaticos.com/

Por otra parte, se dictó resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en octubre de 2009 por la que se formuló la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta (permiso Castor). En este periodo estaba el PSOE en el Gobierno.

Terremotos, «carente de fundamento»

En junio de 2010 se otorgó a Escal autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto. Por su parte, la mercantil, a la que se le exigió un análisis sobre el riesgo de seísmos, lo obvió y señaló que no veía razones para incluir en el Estudio de Impacto Ambiental un estudio de frecuencia de actividad sísmica, y en relación con el aumento de peligro de terremotos señaló que «es una afirmación carente de fundamento científico». «Lo que fue consentido por la Administración», apostilla el juez.

Con estas respuestas, el magistrado considera, tal y como consta en el informe de la Fiscalía, que Escal no solo no aporta estudio alguno, sino que «se aparta de la actuación responsable». «Realmente la Administración ambiental no planteaba si a Escal le parecía necesario o no incluir un estudio, sino que le indicó que lo estudiara, a lo que se debe añadir que sorprende extraordinariamente que el órgano ambiental aceptara esta observación sin instar su cumplimiento».

Además, la mercantil -agrega el juez- no paralizó las actividades de inyección de gas hasta concluir la última fase de inyección de gas colchón, «haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro».

El proyecto

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

Fuente: http://www.lavanguardia.com