El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que demoler el hotel ilegal El Algarrobico costará un total de 7,32 millones de euros, que se pagarán al 50% con la Junta de Andalucía, en el momento en que la última de las sentencias despeje «claramente que ya no hay ningún obstáculo para proceder a la demolición del mismo».

«Una vez agotada la vía judicial es cuando procedemos a la ejecución vía administrativa de las sentencias que declaran la ilegalidad de la construcción realizada», ha asegurado.

Respecto a la reforma de la Ley de Costas de 1988, Arias Cañete está «plenamente satisfecho» porque con ella se ha recuperado la seguridad jurídica en España y porque se van a empezar a hacer deslindes «con criterios objetivos para proteger mejor el litoral».

Además, el ministro reconoce que la nueva ley ha tenido «muchas críticas» pero también «bastantes elogios» y ha dicho que siempre hacen más ruido unos pocos pero las mayorías, que son silenciosas, aplauden y elogian.

A su juicio, «todos estos que protestan no son conscientes de las aberraciones urbanísticas que se han hecho con la ley anterior, con la ley de 1988 las cosas que se han hecho en este país» y ha urgido a plantearse si la norma modifica o no la línea que delimita el dominio público. «No, no se modifica. No se permite ninguna construcción dentro del dominio público marítimo; la zona de servidumbre sigue existente, pero se introduce racionalidad», ha sentenciado. Respecto a las comunidades autónomas que han anunciado que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional (Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias), Arias Cañete no ha mostrado preocupación alguna porque ha dicho que «tradicionalmente País Vasco y Cataluña suelen recurrir todas las actuaciones que hace el Gobierno».

Imagen: Greenpeace

Marco competencial

«Yo estoy muy tranquilo; esta es una ley que hemos estudiado mucho el marco competencial del Gobierno de la nación. Creo que es una ley que respeta plenamente la Constitución y las competencias urbanísticas de los ayuntamientos», ha insistido.

El ministro titular de Medio Ambiente se ha referido también a la cláusula ‘anti-algarrobico’ de la que ha dicho que es una «prevención» que permitirá la suspensión temporal de una licencia municipal hasta que un tribunal decida si se mantiene la suspensión o no, para, después, esperar a que la jurisdicción ordinaria disponga si se mantiene la licencia.

En este sentido, ha apuntado que de no existir esta nueva cláusula se podrían repetir «los algarrobicos» (en alusión al hotel ilegal en el Cabo de Gata-Almería). En su opinión, el hotel El Algarrobico es «un ejemplo claro de una comunidad autónoma y un municipio que actúan contra la Ley de Costas, sin que existiera ningún mecanismo para que el Gobierno o el Estado garantizara su competencia de protección del dominio público marítimo», ha explicado.

Asimismo, ha criticado que los mismos que exigen proteger el medio ambiente son los mismos que se quejan de que el Gobierno de la nación pueda proteger el dominio público marítimo, cuando las autoridades autonómicas o municipales no lo protegen.

En este contexto, considera que «lo primero que tiene que hacer un ecologista» es decir en qué se modifica la línea del dominio público marítimo y la línea de servidumbre. «Esta ley mantiene las prohibiciones de construcción en el dominio público y en las zonas de servidumbre, las mismas que había antes», ha garantizado.

Fuente: Hosteltur