Los diez núcleos costeros que el PP, en el Gobierno, pretende amnistiar en la nueva Ley de Costas no tienen un desglose especial en el que se analicen los efectos que produciría sobre esas viviendas una crecida del mar en los próximos años. Las enmiendas que los populares quieren introducir en la normativa, a su paso por el Senado, establecen unas líneas generales de actuación que dejan para el último momento las prevenciones y proponen adaptar “cuando proceda” la costa a los efectos del cambio climático.

La organización conservacionista Greenpeace acusa al Partido Popular de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambios climático ni los 10 núcleos amnistiados, la isla de Formentera, las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, subrayan en un comunicado difundido este miércoles. Los populares solo entienden los efectos del cambio climático como una “regresión costera” y no contemplan la inundabilidad, subrayan. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar y ocurran catástrofes, como que agua alcance viviendas. “Se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.

Costa de Moaña, uno de los municipios a tratar hoy en las enmiendas a la Ley de Costas. Imagen: Faro de Vigo

La nueva Ley de Costas se aprobó el pasado febrero en el Congreso con la mayoría del Partido Popular. La normativa modifica el texto vigente, de 1988, elaborada por un gobierno socialista. Hoy los partidos debatirán sus enmiendas en el Senado. El PP ha propuesto ampliar la lista de diez núcleos amnistiados a doce, con la inclusión de Moaña (Pontevedra) y Chilches (Castellón). CiU busca que se meta en ese mismo saco a Sitges.

Greenpeace también incide en que el proyecto de Ley, tal y como se encuentra en este momento, carece de de una memoria económica en el que se analice con rigor el coste económico de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir los efectos del cambio climático: “Los tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre. No como propone el texto, que es solventar el problema construyendo un simple espigón que frene la subida del nivel de mar”.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, critica la “desmedida frivolidad” de las enmiendas sobre el cambio climático. “Solo maquilla el problema de nuestro litoral para seguir facilitando la destrucción ambiental y tomar decisiones sin responsabilizarse de las consecuencias”, asegura. “Es una carta blanca para legalizar los desmanes urbanísticos de la burbuja inmobiliaria sin que nadie pague las consecuencias”, añade.

La polémica saltó esta semana con la  enmienda a la nueva Ley de Costas que reduce en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros.

Fuente: EL PAÍS