La semana pasada el Consejo de la Unión Europea (UE) dio el visto bueno definitivo a las nuevas normas de ahorro energético, que establecen medidas para disminuir el consumo de energía en los Veintisiete.
La propuesta -que ha sido aprobada sin discusión previa por el Consejo de ministros europeos de Empleo y ha contado con el rechazo de España y Portugal, así como con la abstención de Finlandia- establece las primeras normas sobre eficiencia energética a nivel europeo.
Este voto pone punto final a unas complejas negociaciones en Bruselas, en las que se ha rebajado la ambición de la propuesta original de la Comisión Europea (CE), ante las reticencias de los Veintisiete a asumir más compromisos en materia medioambiental.
La administración central jugará un «papel ejemplar», según una nota del Consejo, y tendrá que renovar un 3 % de sus edificios de más de 500 metros cuadrados (250 a partir de julio de 2015) cada año para hacerlos más eficientes, lo que deja fuera a los gobiernos regionales y locales.
Las compañías energéticas tendrán que presentar planes de ahorro de cara a 2020, que no podrá ser inferior al 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020, y las grandes empresas tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética.
Los Veintisiete tendrán una cierta flexibilidad para cumplir con estas medidas, ya que podrán adoptar otras alternativas siempre que logren un ahorro energético equivalente.
Los Veintisiete tienen un año y medio -hasta la primavera de 2014, aproximadamente- de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales.
El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, saludó el voto del Consejo y pidió a los Veintisiete y al sector que hagan «esfuerzos extraordinarios» para poner en marcha estas medidas, según un comunicado de prensa de la CE.
Por otra parte, el Consejo de la UE aprobó hoy un mecanismo para intercambiar información entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado energético interno.
«El nuevo mecanismo es un gran paso hacia la transparencia y coordinación de las relaciones exteriores de la UE y sus Estados miembros en temas de energía», explicó el Consejo en un comunicado.
La directiva, propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2011, pretende «coordinar las relaciones energéticas con terceros países para mejorar la seguridad del suministro a la UE y la cooperación internacional en ese ámbito».
Con este cambio legislativo, que entrará en vigor en tres meses, los Estados de la UE deberán remitir a la Comisión todos los acuerdos intergubernamentales existentes con terceros países en temas de energía.
Nueve meses después, el ejecutivo comunitario remitirá un informe a los países de la UE con las posibles dudas o incompatibilidades con la legislación europea, sobre todo, con las leyes de competencia y de mercado energético interior.
Así, los acuerdos remitidos a la CE pasarán a estar a la disposición, en su plenitud o mediante sumario, del resto de Estados miembros.
La nueva directiva otorgará, además, un papel más destacado a la Comisión dado que podrá actuar en las negociaciones, a petición de los Estados, como observador o consejero en temas de competencia.
Por último, el ejecutivo comunitario deberá presentar un informe sobre la aplicación de la directiva ante el Parlamento Europeo el próximo 1 de enero de 2016.
Fuente: Expansión
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