El Congreso convalida el Decreto de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente

El Pleno del Congreso convalidó este jueves el Decreto- Ley de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente que, entre otras medidas, centraliza la policía hidráulica, pero lo tramitará como proyecto de ley con opción a ser modificado vía enmienda.

El decreto en sí ha recibido el respaldo del PP, UPyD y UPN, mientras que el Foro Asturias se ha abstenido. El resto de grupos parlamentarios se han mostrado en contra del mismo, entre otros puntos, por centralizar las competencias que hasta la fecha eran autonómicas.

Ya por unanimidad, se ha decidido tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de cambios puntuales. Es el único de los cuatro que se debatían este jueves que seguirá ese camino, pues los relativos a la reforma de RTVE y a los recortes de Educación y Sanidad ya no se seguirán discutiendo.

Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo, y se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, plantea la modificación de cuatro normativas: Ley del Mercado de Valores, Ley de Aguas, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Durante la defensa del mismo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado que responde al propósito de mejorar la gestión ambiental española, adaptando directivas europeas y reduciendo las cargas administrativas y favoreciendo, entre otros puntos, el sistema de subastas en derechos de emisiones.

Con ello, ha detallado que este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto.

Igualmente, el decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea.

En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas. «Ahorrará a los operadores a hacer la notificación previa cada vez que tengan que trasladar residuos», ha puntualizado, al mismo tiempo que ha detallado que obtenida la autorización previa de la comunidad donde se opere no será necesarias posteriores.

Asimismo, modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en lo referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), precisando el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

El PP ha conseguido el apoyo de UPyD que, según ha tachado su portavoz en la materia, Carlos Martínez Gorriarán, se trata de un paquete de medidas «precisas, necesarias y fundamentadas», que hacen una trasposición de directivas europeas que había que acometer.

Además, ha dicho que es «elogiable» que el Gobierno vaya a aceptar la tramitación como proyecto de ley de este decreto. «Sería importante abrir un debate sobre el modelo de Estado y el modelo competencial, que es inviable», ha agregado, al mismo tiempo que, «aunque sea raro», ha dado la enhorabuena al PP.

Desde el PP, María Teresa Fernández de Lara, ha señalado que la reforma que favorece este decreto es «conveniente» porque no emplea dinero público, a diferencia del anterior Ejecutivo socialista que gastó más de 9.000 euros por encima de lo presupuestado.

Por su parte, la portavoz del PSOE de Medio Ambiente en el Congreso, Leire Pajín, ha acusado al Gobierno de no creer en el medio ambiente, así como de desproteger y «poner en peligro» a los ciudadanos y a las generaciones futuras, con la aprobación del decreto.

De hecho, ha manifestado su posición en contra, al mismo tiempo que le ha pedido al titular del ramo, Miguel Arias Cañete, que «lo justo» es devolver el texto al Ejecutivo y convocar a los agentes sociales implicados.  «A veces tengo la sensación de que este Ejecutivo tiene el objetivo de retroceder en el tiempo», ha puntualizado.

Al mismo tiempo, considera que este decreto responde a «convicciones ideológicas» y al objetivo de querer dejar a los ciudadanos sin protección ambiental. «Este Gobierno no cree en una legislación garantista y no cree en el medio ambiente. Este decreto supone una traba al libre desarrollo económico y pone en peligro a los españoles de hoy y a las generaciones futuras», ha agregado.

En este sentido, ha hecho referencia a la modificación de la Ley de Protección Natural, que a su juicio, sólo con esta reforma se «relaja» la normativa existente. Mientras, ha señalado que en materia de agua el decreto contradice la directiva marco de agua, que debe ser cumplida antes de 2027 por todos los países miembros.

Desde el PNV, Arantza Tapia, ha señalado que en líneas generales podría aceptar esta normativa, si bien ha indicado que a este grupo parlemantario le surgen críticas motivadas desde el punto de vista de la oportunidad y de legislar sin consenso, invadiendo competencias y sin motivo real que justifique esta premura y modo de actuación.

Mientras, la diputada de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha señalado que este decreto es un «insulto y provocación» a todas las personas que trabajan desde hace años en favor de la ecoeficiencia.

«Es un decreto que despilfarra. Le falta ambición y no incluye instrumentos útiles. La crisis actual precisa de una nueva cultura del agua y de la energía, austeridad», ha agregado, al mismo tiempo que ha indicado que, con estas medidas del PP, España va en la dirección contraria de lo que hacen los países más avanzados.

El nacionalista catalán Martí Barberá, portavoz de Medio Ambiente de CiU en el Congreso, ha defendido su posición en contra de este decreto por centralizar las competencias en materia de medio ambiente. «Trabajaremos en el ámbito parlamentario para recuperar las competencias que revoca este decreto», ha apuntado

Fuente: http://www.europapress.es/