Para hacer frente a la emergencia climática y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París (2015), es necesario que los Estados adopten políticas de mitigación y adaptación que permitan alcanzar la neutralidad climática lo antes posible. España se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, y ha establecido en la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética objetivos climáticos a 2030 vinculantes en el conjunto del territorio español.
No obstante, el reparto competencial establecido en la Constitución Española de 1978 la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de la Administración (Estatal, autonómico y local). Por lo tanto, no solo es necesario promover una efectiva coordinación y colaboración interadministrativa entre Estado y CC. AA, sino también atender a la realidad y al contexto particular de cada región y a las acciones y respuestas diferenciadas necesarias para hacer frente a la emergencia climática.
