Los Estudios de Impacto Ambiental son un requerimiento legal y un instrumento preventivo que nos permite identificar los principales efectos que un proyecto puede generar sobre el medio ambiente y es una de las principales fuentes de trabajo para los ambientólogos y especialistas en la gestión ambiental.
Para su ejecución se requiere un amplio conocimiento del medio natural junto a aspectos legales, administrativos y sociales. Por lo tanto, ejecutar Estudios de Impacto Ambiental en diferentes países, donde todos estos elementos suelen ser distintos, suponen un reto de adaptación, más cuando se desarrollan en continentes distintos.
Tras mi paso por Ecuador y mi retorno a España, a la hora de la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental muchos han sido los elementos que me han llamado la atención, y desde luego muchas las dificultades. En el siguiente listado enumero los 5 principales factores que considero claves para el desarrollo de EIA en ambos países, y en cierta manera extrapolables consultoría en medio ambiente en general:
- Marco legal con fuentes similares, pero un esquema de competencias administrativas y desarrollo legislativo distinto. Hay que estar atento a requisitos legales diferentes en cada país, que pueden inducir a EIA incompletos o mal enfocados. Mientras que en Ecuador la ley se compone con mayor uniformidad a nivel nacional, con documentos muy integradores como en Código Orgánico del Ambiente, en España la normativa ambiental se encuentra más enfocada a cada realidad territorial de cada Comunidad Autónoma.
- El contenido y estructura de los Estudios de Impacto Ambiental son similares en ambos países, pero no hay que confiarse. Existen términos distintos con similares definiciones, pero con matices en su contenido, que mal interpretados pueden llevar a confusión y un contenido “extraño” para la especificación legal y costumbre de cada administración. Un ejemplo claro es el uso del Plan de Manejo Ambiental en Ecuador respecto a las Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias en España.
- La forma de obtención de información es distinta. Frente a los recursos públicos que se disponen en España para el análisis de los factores ambientales que suponen un importante punto de apoyo para el inicio de los EIA, en Ecuador se requiere un mayor esfuerzo de campo y muestreo.
- La fase de campo en Ecuador (casi en cualquier proyecto) requiere una comprensión mayor de las facilidades e infraestructuras de las que se disponen, principalmente si el proyecto tiene lugar en la Amazonía o regiones remotas ¿Es necesario un guía comunitario? ¿Conductor especializado? ¿Existen puntos de alojamiento cercanos? ¿Se encuentra bien planificada la ruta para la obtención de información de todos y cada uno de los componentes (biótico, físico, social)? La mala planificación en la fase de campo puede determinar la viabilidad económica de un proyecto.
- El componente social, a pesar de ser importante en los EIA para la justificación de los proyectos en ambos países, en Ecuador y, extrapolable al resto de países de Latinoamérica, es un apartado crítico. Del análisis social y medidas de integración adecuadas puede derivar el éxito o fracaso de la ejecución de un proyecto. Una mala valoración social puede generar mayor oposición social, gestión inadecuada de elementos culturales y sociales, o aparición de problemas sociales no previstos (desigualdad, desarraigo cultural, alcoholismo, etc.).
Adicional a lo anterior, el mejor consejo es la integración: la consideración de los factores sociales y culturales tanto de compañeros de profesión como de los agentes sociales que tengan relación con el Estudio de Impacto Ambiental. A pesar de elementos culturales similares, la costumbre de trato entre personas y grupos tienen sus matices en cada país, al igual que el contexto sociopolítico de cada uno. Será una experiencia mucho más enriquecedora tanto a nivel profesional como personal.
Ángel Collado Granero es licenciado en Ciencias Ambientales. Tras graduarse en 2014, emigró a Ecuador donde estuvo ejerciendo como técnico ambiental durante cuatro años en gestión y disposición final de residuos peligrosos y comunes para empresas petroleras en la amazonía e industria general en el resto del país.
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