El Ejecutivo comunitario resalta que todas las carnes producidas en la UE y exportadas «se producen con los más altos estándares de seguridad alimentaria».

La Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de 2023 un sistema de «etiquetado sostenible» que cubrirá los aspectos nutricionales, climáticos, medioambientales y sociales de los productos alimentarios. El objetivo de esta iniciativa, que forma parte de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, es «empoderar» a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas y sostenibles sobre los alimentos que compran.

En España, la idea de crear un etiquetado para la carne que permita conocer el tipo de explotación en la que se ha criado el animal cada vez cobra más fuerza. Este miércoles, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que estudiará esta medida porque los consumidores «tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo«.

Han sido varias las voces que lo han reclamado después de las palabras de Garzón en una entrevista en ‘The Guardian’ sobre la carne de macrogranjas. En concreto, más de 55.000 firmas en Change.org reclaman que «se etiquete ya» en la carne el tipo de ganadería del que procede, una asociación de Sevilla le envió una carta pidiendo un etiquetado que diferencie las explotaciones extensivas y la organización agraria UPA ha defendido un “sello de calidad” de ganadería familiar.

En estos momentos, no existe en la UE una etiqueta específica de calidad para la ganadería extensiva. No obstante, bajo la política europea de calidad, las denominaciones reconocidas como indicaciones geográficas pueden exigir el requisito de provenir de ganadería extensiva. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la denominación protegida Irish Grass Fed Beef (Carne irlandesa alimentada con pasto).

Tampoco hay etiquetas de ganadería extensiva a nivel nacional en otros Estados miembros, pero sí algunas iniciativas privadas con el mismo objetivo. Por ejemplo, la asociación francesa ‘Leche de pastoreo’, cuyo objetivo es promover la producción y comercialización de leche y productos lácteos de vacas criadas al aire libre y alimentadas con pasto.

En España, existe la certificación Welfair de Bienestar Animal homologado por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker). Otra medida en este sentido es el sello Aenor de bienestar animal que, por ejemplo, emplea Pascual en sus productos lácteos.

La estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, presentada por Bruselas en mayo de 2020, constituye una de las iniciativas clave del Pacto Verde Europeo. A fin de contribuir al logro de la neutralidad climática de aquí a 2050, la estrategia pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la UE hacia un modelo más sostenible. Además del etiquetado sostenible, entre sus prioridades se encuentran también luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro y mejorar el bienestar de los animales.

Apoyar a las pequeñas explotaciones

En cuanto a la polémica de las macrogranjas y la calidad de la carne suscitada por Garzón, la Comisión de Ursula von der Leyen sostiene que «todas las carnes producidas en la UE y exportadas se producen con los más altos estándares de seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto por el medio ambiente, tal como se establece en la legislación de la UE».

«La agricultura de la UE es rica en diversidad, una diversidad de productores en tamaño y filosofía, que producen para todos los diferentes local, regional, interno de la UE y mundial; y respeta una legislación extremadamente exigente«, explica a este periódico un portavoz del Ejecutivo comunitario.

«Esta diversidad de sistemas de producción y estructuras agrícolas diferentes aumenta la resiliencia general de la agricultura de la UE», sostiene Bruselas.

No obstante, la Comisión reconoce que «es necesario apoyar a las pequeñas explotaciones» con el fin de mantener esta diversidad, garantizar el sustento de los agricultores y aumentar el atractivo de las áreas rurales.

Por eso, la nueva Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 pone un mayor énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas familiares y a los jóvenes agricultores.

Fuente: El Español