Los objetivos principales del Plan son tres, según el Ejecutivo: (1) promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; (2) servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora; y (3) apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los ministerios de Hacienda y para la Transición Ecológica, dio luz verde el viernes al Plan 2018-2025 de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Según el Gobierno, la CPE introduce una serie de criterios conforme a los cuales serán seleccionadas las empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría (EMAS). Los criterios empleados a partir de ahora prestarán atención especial a la duración -vida útil- de la compra a realizar, y discriminarán aquellos productos con obsolescencia programada. Según el Ejecutivo, «a través de la contratación verde, la Administración podrá reducir su huella de carbono y, al mismo tiempo, adquirir bienes, servicios o productos con la menor huella de carbono a su vez».

Los departamentos ministeriales, los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social están obligados a establecer, en el plazo de un año desde la publicación en el BOE del plan, un marco de actuación en el que se establezcan objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados en el periodo de duración del plan. Este plan tendrá una vigencia de siete años y, a partir de esta fecha, se procederá a su revisión. También se podrá proceder a la revisión y actualización del plan cuando así lo acuerde la Comisión Interministerial (regulada por el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero).

El espíritu del Plan

«La contratación pública ecológica –explican desde el Ministerio– es también un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea». Según el Gobierno, «en la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada Estrategia Europa 2020, dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos».

Además -continúa el Gobierno-, la toma en consideración de criterios de sostenibilidad en la contratación pública «tiene un alto valor ejemplarizante, al tiempo que puede suponer un elemento relevante de influencia en el mercado, incentivando al sector privado hacia nuevas formas de producción y de consumo más respetuosas con el medio ambiente». El comunicado difundido por el Ejecutivo alude así mismo a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, «entre las que se incluye a las administraciones públicas y a las empresas públicas, y que establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo, a través de una cultura innovadora basada en criterios ambientales, para aprovechar todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública».

Fuente: https://www.energias-renovables.com y MITECO