Al igual que ocurre con el agua, los bosques o el mar, en España se permite el aprovechamiento de los recursos mineros. Pero, a diferencia del resto de sectores, el subsuelo español no está protegido por una normativa marco que regule la explotación de yacimientos de minerales o aguas termales de forma ordenada, sostenible y respetuosa con la naturaleza. En un momento en el que los proyectos mineros cotizan al alza, a menudo afectando a espacios protegidos, SEO/BirdLife reclama al Gobierno de España y las fuerzas con representación parlamentaria una Ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos.

Es la principal conclusión del informe jurídico La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental, realizado por la ONG ambiental. La segunda, e igualmente importante, es la urgencia en revisar la actual Ley de Minas, publicada en 1973 y que no recoge el marco competencial alumbrado en la Constitución Española ni la normativa europea al respecto, que España lleva décadas incorporando a su ordenamiento jurídico.

El análisis de SEO/BirdLife concluye que la Ley de Minas se ha convertido en una cómoda herramienta de carácter técnico que ha consolidado una inercia en el sector que favorece su mantenimiento, tanto por parte de las empresas que explotan el recurso como por parte de las propias administraciones. De hecho, aunque la reforma se ha intentado en varias ocasiones, significativamente en 2003 y 2015, nunca se ha alcanzado el acuerdo con las entidades representativas del sector. Y es perentorio.

“Se trata de una ley previa a la Constitución y a pesar de que el articulado tiene cierta sensibilidad ambiental, la protección está lejos de ser la adecuada a la hora de gestionar un recurso tan sensible como este, capaz de generar riqueza y, al tiempo, degradar un espacio natural y todos los servicios que presta, en forma de aire limpio, agua o alimento”, señala la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

“Urge, más que nunca, una regulación que proteja de forma clara y decidida el subsuelo español para que los recursos sean aprovechados de forma sostenible y respetuosa. No cometamos los errores del pasado. Aquellos que nos llevaron a desastres como el de la mina de Aznalcollar, del que se cumplen ahora 20 años. La vieja fórmula de anteponer el crecimiento económico a la protección ambiental no sirve. Todos los análisis, todos los expertos, toda la Ciencia es clara: el futuro será sostenible o no será. Basta de mirar hacia otro lado o postergar el deber político de proteger el patrimonio natural de todos”,añade.

Balsa de Aznalcóllar en 1998. Foto: http://icogblogs.com

Los técnicos de la organización conservacionista han identificado una treintena de cuestiones problemáticas en la actual legislación. Particularmente, el estudio de SEO/BirdLife muestra su preocupación por la laxa normativa a la hora de restaurar espacios afectados por un yacimiento y para determinar la responsabilidad ambiental. La actual regulación, modificada mediante Real Decreto en 2012, es ampliamente incumplida.

“En muchas ocasiones no se restaura porque no se exigen fianzas o garantías y, a falta de estos, los presupuestos de las administraciones publicas no son suficientes como para que la Administración aborde la restauración de manera subsidiaria. Degradar un espacio con fines mineros puede salir gratis”, indica Ana Carricondo, Coordinadora de los programas de Conservación de SEO/BirdLife.

Otros fallos reseñables son la total ausencia de referencias a los fondos marinos en la ley (cuando es un tipo de minería que se practica en la actualidad) o la falta de claridad y de transparencia para autorizar explotaciones. Esta situación responde a factores como una clasificación de yacimientos desfasada, y que puede incluir un mismo mineral en una categoría u otra; o sistemas de adjudicación que no favorecen la competencia ni tienen en cuenta cuestiones como las buenas prácticas ambientales.

Es igualmente confusa la fórmula para determinar si un residuo minero es peligroso o no. Aunque existen protocolos claros para determinar la peligrosidad de un residuo en la legislación general, ésta no es de aplicación en los recursos mineros y la poca normativa existente no es clara en absoluto.

Una buena noticia

En medio de esta maraña legal, que suele jugar en detrimento de la conservación del medioambiente, SEO/BirdLife muestra su satisfacción por la decisión del Gobierno de no autorizar la prórroga de la mina a cielo abierto Torrejón de Velasco II, situada entre Toledo y Madrid. Una resolución contundente y clara que recoge los informes desfavorables desde que se iniciaron los trámites en 2006 de todas las administraciones implicadas, el Estado, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla-La Mancha.

El principal motivo por el que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) rechaza la renovación de la prórroga de la Mina de Torrejón de Velasco II, situada en un Área de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA393), es la clara afección sobre las poblaciones reproductoras de avutardas y sisones, entre otros valores ambientales, ya que la superficie a explotar coincide espacialmente con uno de los 15 núcleos reproductores (leks) de avutarda así como con zonas de exhibición de machos de sisón común, poniendo en claro riesgo la conservación de estas poblaciones.

Por ello, SEO/BirdLife solicita a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Castilla-La Mancha que declaren esta IBA como zona protegida por la Directiva de Aves de la UE y se convierta en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, para garantizar la supervivencia de los valores naturales de esta zona reconocidos por la Declaración de Impacto Ambiental ahora emitida. Además de las especies mencionadas, hay presencia de otras amenazadas y protegidas como el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido y el búho campestre, incluidas también en el Anexo I de la Directivade Aves.

Además, la ONG pone de manifiesto la necesidad de revisar la legislación y pide que se agilicen los procesos para que no ocurra como en el caso de la mina de Torrejon de Velasco II, una explotación que ha estado funcionando desde 1979 hasta 2009, año en el que se finalizó la concesión minera inicial y que desde entonces el espacio ha continuado degradado sin poner en marcha medidas de restauración.

Acceso al informe: La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental.

Fuente: SEO Birdlife