Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han denunciado que las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley de Parques Nacionales significan el fin de la protección de los 15 enclaves y que abren la puerta a la actividad económica en los parques nacionales.

De este modo, piden al Partido Popular que retire la ley y, al resto de los partidos, que expresen su «repulsa absoluta» a esta propuesta, al tiempo que, por su parte, «en defensa del bien común» movilizarán a la ciudadanía para evitar que el patrimonio de todos sea puesto en manos del interés de unos pocos.

Así, según han subrayado, el texto que propone el PP en uno de los últimos trámites en el Parlamento de la Ley de Parques Nacionales, da garantías a los intereses particulares que, además, prevalecen por encima de la conservación y el uso público de estos enclaves.

Por ello, las cinco ONG han anunciado que se movilizarán de forma conjunta para «evitar que se hurte a toda la sociedad su patrimonio natural en beneficio de unos pocos».

En este contexto, recuerdan que la Red de Parques Nacionales de España tiene casi un siglo de historia y ahora, sus 15 «joyas de la naturaleza» y advierten de que ahora perderán su estatus de «máxima protección» si salen adelante las enmiendas presentadas por el PP en el Senado.

De acuerdo con el texto propuesto, la prohibición de actividades como la caza, la pesca, las actividades de explotación forestal masiva y un largo etcétera «queda supeditada a la voluntariedad de los propietarios o a la indemnización, de forma que la protección de los parques se ve gravemente amenazada».

A su juicio, el proyecto de Ley «debilita la cohesión y fortaleza de la red y destruye las herramientas de conservación de cada espacio». Asimismo, critican que después de presentar un «mal proyecto de Ley» en la Cámara Baja, el Partido Popular «ha aprovechado» el paso de la norma por el Senado para «colar una serie de enmiendas que empeoran todavía más el texto legal».

Parque Nacional de Cabañeros. http://www.republica.com/

LA ENMIENDA MÁS PREOCUPANTE

En concreto, consideran que la enmienda «más preocupante» es la 278, en la que se modifica la disposición adicional séptima y se añade un párrafo que dice: «Las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta Ley a las determinaciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la misma, con la excepción de lo relativo a las superficies mínimas establecidas en el artículo 6.1 c). Las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros. En estos casos, los plazos anteriores se entenderán prorrogados hasta la celebración de dichos acuerdos o la aplicación de cualquier otro procedimiento para el rescate los correspondientes derechos».

En su análisis, las ONG ecologistas estiman que lo que plantea dicha enmienda es que no entre en vigor el régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida.

A su juicio, esto supone un «hurto genérico del interés general declarado en la ley que, de esta forma, queda sencillamente invalidado. A partir de la nueva ley no hay normas derivadas de un parque nacional, que se limita a ser un mera marca, no precisamente de calidad».

Por ejemplo, explican que esta enmienda habría permitido, por ejemplo, proyectos que en su día fueron parados, como la construcción de la carretera costera de Doñana, las maniobras militares en Cabrera, las transformaciones hidroeléctricas en Aigües Tortes, la urbanización de Picos de Europa y las actividades mineras en el Teide y en Picos de Europa, entre otras.

Igualmente, advierten de que esa enmienda ampara cualquier derecho real que pueda existir a futuro «sin ningún tipo de limitación», es decir, que si el día de mañana aparece petróleo en Doñana, se podrá explotar, y si un Ayuntamiento recalifica Picos de Europa, se podrá urbanizar.

En definitiva, estiman que la modificación presentada por el grupo popular «incumple todos los principios de interés general y relega la primacía de lo público y el interés por la conservación».

«Ya no hay ningún lugar en el territorio nacional en donde conservar el patrimonio natural sea el máximo fin. Los parques nacionales no ocupan ni el 1% del territorio. Es lamentable que un Estado no sea capaz de mantener a salvo de la explotación ni siquiera esa ínfima porción de su territorio», concluyen las ONG en un comunicado conjunto.

Finalmente, insisten en su propuesta de que la Ley de Parques Nacionales sean la «pieza angular» del sistema de protección de la naturaleza en España y, por tanto no conciben que esto se ponga en peligro para «favorecer los intereses privados».

Por su parte, en declaraciones a los medios, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha indicado que el texto está aún en trámite parlamentario en la Cámara Alta y que, por tanto, «ya se verá como queda».

Fuente: Europa Press