El Gobierno valenciano ha cancelado la autorización especial que había concedido para poder cazar aves con pegamento, una técnica cinegética denominada parany y que está considerada ilegal. El gobierno autonómico asegura que consultará a la Comisión Europea la viabilidad de estas autorizaciones que han puesto en pie a un nutrido grupo de ornitólogos y de organizaciones ecologistas. La Fiscalía de Medio Ambiente ya había abierto diligencias informativas.
Esta modalidad de caza está prohibida en la Unión Europea y tipificada en el Código Penal español, se le aplica el artículo 336. La Generalitat concedió el 1 de octubre el permiso para colocar 33 puntos de captura amparándose en que se iba a realizar un estudio científico de la Universidad Politécnica de Valencia sobre migraciones. La teoría es que las aves se dejarían en libertad después de registrar sus datos.
Las asociaciones ecologistas, Seo-BirdLife y Acció Ecologista-Agró, amenazaron con llevar el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente. “Se han abierto diligencias informativas tras una denuncia”, confirma una fuente judicial. El director general del Medio Natural de la Generalitat, Alfredo González, ha insistido hasta ahora en que se trata de un “estudio científico” que no tiene nada que ver con la técnica de caza declarada ilegal.
El parany o barraca es un método de caza que se practicaba sobre todo en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Consiste en podar uno o varios árboles, destacados sobre el terreno, y alojar en su interior un entramado de varetas impregnadas con pegamento. Las aves entran atraídas por reclamos vivos o electrónicos, se manchan las plumas de pegamento y pierden la capacidad de volar. Caen al suelo, donde se recogen, y después las matan. Lo tradicional es que después se consuman en paella o fritas.
Los dos puntos más conflictivos de España son Castellón y Tarragona. Hasta hace bien poco, la sentencias casi nunca resultaban condenatorias, algo que ha cambiando tras una resolución del Tribunal Constitucional del pasado mayo que da preferencia a la legislación nacional sobre la autonómica. “Se están viendo las primeras condenas”, aseguran fuentes judiciales.
En Cataluña hay un precedente de una directora de Medio Natural de la Generalitat imputada por autorizar este tipo de caza también por un interés científico. Se trata de la exdiputada de ICV Núria Buenaventura, que en 2009 concedió 3.374 licencias excepcionales para la caza de fringílidos con pegamento. La instrucción de este caso, en el que continúa implicada, está a punto de terminar.
En el caso valenciano, los ingenieros agrónomos Andrés Ferrer y Juan Bautista, solicitaron estudiar con este método de captura y posterior suelta, la migración de seis especies: el zorzal común, el zorzal alirrojo, pico gordo, la curruca capirotada, la curruca cabecinegra y el petirrojo.
Según la resolución de la Generalitat, cuentan con “la predisposición de voluntarios a través de la organización de paranyeros Apaval”. “No se autoriza nada ilegal, lo ilegal es el método de caza, esto es un estudio científico”, declaró a EL PAÍS el Director General de Medio Natural, Alfredo González.
Este tipo de caza se utiliza principalmente para atrapar diferentes especies de zorzales. Al ser una técnica que no discrimna, entre el 20 y el 45% de las capturas son de otras especies cuya caza no está permitida. Aquí entran los ecologistas, que reivindican la imposiblidad de recuperar esas aves capturadas por error. Rapaces como el mochuelo, o especies sedentarias como la curruca cabecinegra y el carbonero común, acaban llenos de pegamento. “Intentan limpiarse con el pico y se comen el disolvente, así acaban con daños en el hígado”, explica Mario Giménez, de Seo-BirdLife.
La autorización del 1 de octubre por parte de la Dirección General del Medio Natural para utilizar los 33 parany como parte de un estudio migratorio soliviantó a ocho profesores universitarios de la comunidad valenciana que han mostrado su rechazo al uso de esta técnica “como un método científico”.
Los defensores del parany alegan que se pueden limpiar las plumas con disolvente y devolverlas a la naturaleza, pero no hay datos de seguimiento de aves que demuestren que seguirían con vida. En su memoria de 2012, la Fiscalía de Tarragona estaba recabando información sobre “el padecimiento de las aves que quedan enganchadas en la barraca, porcentaje de muertes o toxicidad de la liga (pegamento)”.
Los paranyers valencianos llevan años pidiendo su legalización. Constituyen un lobby con gran influencia, sobre todo en la zona de Castellón, donde se encuentra el 80% de estas instalaciones. La asociación Apaval ha presentado a los grupos parlamentarios una propuesta de modificación de la Ley de caza de 2009, de ámbito regional, para que adapte el parany al modelo francés, es decir, que las aves no se maten después de capturalas. Ni este colectivo, ni los ingenieros agrónomos que han tramitado el permiso especial en la Comunidad Valenciana han contestado a las preguntas para esta información.
Fuente: EL País
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