El presente Protocolo se enmarca en la Estrategia Construcción 2020, así como en la Comunicación para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción . También forma parte de un paquete sobre la economía circular más novedoso y ambicioso que ha presentado la Comisión Europea , que incluye propuestas legislativas revisadas sobre los residuos con el fin de estimular la transición de Europa a una economía circular para mejorar la competitividad global, fomentar el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo.
El objetivo general de este Protocolo es aumentar la confianza en el proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la confianza en la calidad de los materiales reciclados procedentes de ambas actividades. Este objetivo se conseguirá mediante:
a) la mejora de la identificación de residuos, la separación según el origen y la recogida;
b) la mejora de la logística de residuos;
c) la mejora del procesamiento de residuos;
d) la gestión de la calidad;
e) Condiciones marco y políticas adecuadas.
El protocolo ha sido desarrollado mediante aportaciones independientes y está dirigido a:
- profesionales del sector de la construcción (incluidas las empresas de reformas y los contratistas de demolición),
- fabricantes de productos de construcción, tratamiento de residuos, transporte y logística, así como empresas de reciclaje;
- autoridades públicas a nivel local, regional, nacional y de la UE;
- organismos de certificación de calidad para inmuebles e infraestructuras;
- clientes de materiales reciclados de RCD.
El ámbito de aplicación del Protocolo abarca los residuos procedentes de trabajos de construcción, reforma y demolición. Sin embargo, no incluye ni la fase de diseño ni las labores de excavación y dragado de terrenos. El Protocolo abarca todos los elementos que componen la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la prevención de residuos.
En lo que respecta a la cobertura geográfica, este Protocolo se ha desarrollado para aplicarse en los veinte y ocho Estados miembros de la Unión. Incluye buenas prácticas de toda la UE que pueden constituir una fuente de inspiración tanto para los profesionales como para los responsables de formular las políticas.
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