Recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO), presentó una aplicación web donde se zonificaba el territorio nacional es función de la sensibilidad ambiental a los proyectos industriales de energías renovables, concretamente de eólica y solar fotovoltaica. Se trata de una aplicación pública y sencilla de utilizar, en la que se cruza de manera pondera información cartográfica de carácter ambiental. La idea es permitir una primera aproximación al impacto de estos proyectos en las fases tempranas de su desarrollo con la finalidad de ahorrar tiempo y coste a los promotores, y evitar evaluaciones y afecciones innecesarias o graves (Figura 1). Es una iniciativa importante y creo que bastante esperada por los sectores implicados. Sin embargo, cuando se revisa con calma se manifiestan algunos aspectos que quisiera comentar desde una perspectiva crítica. Porque en España llevamos más de 20 años de implantación industrial de energías renovables sin una planificación global y científica, y, por tanto, sin herramientas solventes de ordenación y gestión.
Figura 1. Sensibilidad ambiental y clasificación del territorio para la energía eólica. Fuente: MITECO.
Nunca es tarde si la dicha es buena, pero…
La crítica que me parece más evidente es que se trata de un recurso que llega tarde. En 2020 ya teníamos implantados en España más de 58.000 MW de energía renovable, de los que unos 25.000 eran de eólica y aproximadamente 11.000 de solar (Figura 2). Y hasta ahora, no ha existido ningún recurso “oficial” específico que permitiera establecer unas mínimas pautas de ordenación ambiental del territorio a escala nacional. Es cierto que, en teoría, esta responsabilidad recae sobre los planes estratégicos de las Comunidades Autónomas (CCAA), pero el grado de desarrollo es en general bajo y los que se aplican parecen insuficientes. Así que era esperable, y deseable, que las administraciones centrales con competencias tomaran las riendas, al menos desde el punto de vista de las recomendaciones. Y por fin lo han hecho, aunque con 20 años de retraso. En su defensa se podría argumentar que estos recursos necesitan tiempo de desarrollo y dinero, pero tampoco es una herramienta para tirar cohetes, pues se trata de un cruce ponderado de capas públicas con información ambiental de gran escala. Es decir, un procesado sencillo de análisis territorial que no requiere de grandes recursos materiales ni humanos. De hecho, es un procedimiento recomendado desde hace tiempo en los manuales de evaluación de impacto (site screening). El caso es que, por una cosa o por otra, la casa sin barrer, y al final, la mayor parte de nuestro desarrollo renovable se ha llevado a cabo sin coordinación ni coherencia territorial.
Figura 2. Evolución de la potencia renovable instalada por tecnologías hasta 2019. Fuente: REE.
La letra pequeña
Otro aspecto a destacar es la elección de las variables de ponderación. Atendiendo a la metodología del MITECO, la herramienta se basa en la integración de cartografía ambiental de acceso abierto, como planes de gestión de especies, espacios naturales protegidos, patrimonio histórico, montes públicos, suelo urbano, etc., para definir la sensibilidad del territorio. Y es aquí donde, a mi entender, reside uno de los errores de enfoque más importantes; pues esa clasificación, aunque integra los principales criterios ambientales de la normativa estatal, obvia aspectos ecológicos específicos y mensurables con influencia a la hora de definir sensibilidades, y hace recaer el peso en elementos con un fuerte componente administrativo. Por ejemplo, otorga un valor máximo de ponderación a las ZEC y LIC, pero en función de la CCAA dónde nos encontremos, la Red Natura 2000 tendrá un alcance y unas exigencias de protección diferentes -cabe recordar las sucesivas condenas a España por tener una red de espacios naturales poco protegida y escasa en varias regiones-. Lo mismo sucede con la segunda variable en importancia, los planes de conservación/recuperación de especies, que presentan un desarrollo muy desigual entre regiones, con unas pocas CCAA que cumplen decentemente y una mayoría donde solo existen para algunas especies emblemáticas. Además, esta variable agrupa taxones de fauna o flora con independencia de las evidencias sobre su sensibilidad a estos proyectos; aun siendo probable que alguno de ellos pudiera convivir con esta industria sin ver afectado su estatus de conservación.
Así, nos encontramos con que, junto a la poca especificidad de los criterios de más peso, la sensibilidad del territorio se ve fuertemente sesgada por el grado de desarrollo de la normativa ambiental de cada región. O, dicho de otra forma, bajo un mismo marco ecológico, urbanístico, patrimonial, etc., de una determinada superficie, la sensibilidad ambiental podría variar en función de la región administrativa donde se localice.
Exceso de punto gordo y escasa evidencia
La zonificación del MITECO también padece de cierto abuso del punto gordo y de incorporar conceptos poco respaldados por la evidencia científica. Como ejemplo, destacar la decisión de recomendar la exclusión de un perímetro significativo alrededor de todos los núcleos urbanos, especialmente para la eólica. Para ello se han generalizado los criterios paisajísticos a todas las localidades, que pueden tener sentido en ciudades con un importante patrimonio o donde el paisaje juega un papel cultural y/o económico principal, pero que no serían tan relevantes en otras donde tiene, digamos, menor relevancia en el día a día. Asimismo, se da por hecho el impacto sonoro y se incorpora en la definición de la sensibilidad, aunque es conocido y fácilmente demostrable que la contaminación acústica en reducida a partir de unas centenas de metros en los aerogeneradores y despreciable en las plantas fotovoltaicas. O, también, el escasamente evidenciado efecto de sombra de las palas (shadow-flicker), que podría tener sentido si se vive debajo de un aerogenerador, pero que también pierde relevancia a distancias superiores a unas decenas de metros. Es decir, se está asignando una sensibilidad de inicio bajo criterios poco claros y que muy probablemente presente más excepciones que otra cosa. No podemos olvidar que el entorno inmediato de pueblos o ciudades suelen ser áreas con bajo valor ecológico, antropizadas y degradas, con una buena accesibilidad, mejor posibilidad de conexión a red, y mayor disponibilidad de infraestructuras, lo que las convierte a priori en candidatas para implantar proyectos de esta naturaleza. Su exclusión de inicio podría potenciar la ubicación de instalaciones en áreas menos alteradas y con valores ambientales más elevados.
Figura 3. Modelización del riesgo de electrocución de aves en apoyos de líneas eléctricas de Castilla y León. Fuente: Hernández-Lambraño et al. 2018.
Un tímido paso para un largo camino
A pesar de que se trata de una idea con un potencial elevado de utilidad, el actual desarrollo se me antoja corto, con carencias y con errores de concepto significativos. Ni siquiera tengo claro que vaya a ser muy útil a los promotores, probablemente el auténtico público objetivo de esta herramienta, pues puede llevar a rechazar zonas que podrían ser adecuadas tras un análisis un poco más detallado. Aunque desde el MITECO se insiste de forma clara en que esta valoración no es legamente vinculante y que debe ser comprobada y matizada sobre el terreno, como con otros ejemplos equiparables, es probable que la zonificación se asuma sin demasiada crítica por los distintos actores.
Pero no podemos dar como suficiente una zonificación ponderada -amén de sus carencias-, que ya debería contemplarse rutinariamente en los estudios de impacto ambiental. Lo deseable, a estas alturas del partido, hubiera sido, al menos, un modelo probabilístico de riesgo basado en la correlación de variables asociadas a la sensibilidad de los hábitats y las especies ante el impacto conocido de este tipo de proyectos. Nada nuevo en realidad, pues son técnicas que ya se trabajan con éxito en los atlas de distribución de especies, los modelos climáticos o la gestión de infraestructuras (Figura 3). Una iniciativa, por cierto, al alcance del presupuesto de cualquiera de los Ministerios implicados, sobre todo si se consideran los beneficios derivados del ahorro en los costes.
Es evidente que nos queda un camino largo por andar. La gestión ambientalmente sostenible de las energías renovables en España apenas raspa el aprobado, a pesar de ser perfectamente viable si se dotan los medios y existe voluntad política. No me cansaré de repetir hasta desgañitarme, que necesitamos cuanto antes un grupo de trabajo nacional y multidisciplinar que aporte soluciones basadas en la mejor evidencia y que incorporen todas las sensibilidades. Las soluciones que consideren solo una parte del sector nacerán probablemente cojas. Hay que integrar, fomentar la participación y la transparencia, e investigar más. Tenemos una segunda oportunidad. No la desaprovechemos.
Jon Domínguez del Valle es biólogo y docente en el ISM del curso Evaluación y Seguimiento del Impacto de los Parques Eólicos sobre la Fauna
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