La extensa legislación sobre medio ambiente y su complejidad dificultan el cumplimiento de todas las obligaciones aplicables a las distintas actividades económicas afectadas por autorizaciones, registros y una amplia variedad de requisitos relacionados con la prevención de impactos al medio ambiente. Sin ánimo de exhaustividad, a continuación recojo una lista de normas relevantes que cualquier empresario debería tener presente en el ejercicio de su actividad, así como una breve reseña de porqué me parece importante cada ley:
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Establece la obligación de reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan. Así, cualquiera que cause, tanto si se produce directa como indirectamente, un cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, incurre en una responsabilidad ilimitada: el operador responsable del daño tendría que devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Esta obligación ha quedado diluida en el debate sobre las garantías financieras que se fijan para los operadores incluidos en el anexo de la norma, pero con garantía o sin ella, la responsabilidad por daños al medio ambiente está vigente y es aplicable.
- Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: es un texto interesante, pero básicamente conviene tener presente una obligación fundamental: Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: aplicable a todo tipo de organizaciones establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y de los suelos contaminados. Incluye las obligaciones de las actividades que generan residuos, la documentación asociada a la entrega de dichos residuos, etc.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: si bien su ámbito de aplicación es más reducido que el de la norma anterior, en tanto que sólo afecta a los agentes relacionados con productos envasados, la previsión relativa a los planes empresariales de prevención de residuos de envases, es un requisito que no puede pasar desapercibido a los responsables de la puesta en el mercado de productos envasados o de envases industriales o comerciales, que tras su uso generen residuos de envases.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece sanciones de hasta 300.000 euros para infracciones muy graves que impliquen la superación, por parte de los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación acústica.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el último texto de este instrumento preventivo destinado a determinar la compatibilidad ambiental de un determinado proyecto, incorpora novedades de tramitación que hacen descansar sobre el promotor del proyecto gran parte de la carga del procedimiento.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación: si bien sólo afecta a las actividades recogidas en su anexo, regula la Autorización Ambiental Integrada, cuya vigencia ha quedado supeditada a la aparición e incorporación de mejores técnicas disponibles para cada sector de actividad.
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: establece el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, entendidas como aquellas que por su propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto. Regula los procedimientos de autorización o notificación de actividades incluidas en los grupos A, B y C de dicho catálogo.
- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: establece la autorización de emisión de gases de efecto invernadero exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en la propia ley, así como todos los elementos necesarios para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica: así, con este título tan largo dejo para el final una norma que tipifica como falta muy grave la comercialización sin la ficha de datos de seguridad de sustancias y mezclas que reúnan los criterios para ser clasificados como peligrosas o el incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguridad el anexo relativo a los escenarios de exposición.
Son muchas más y todas de obligatorio cumplimiento, pero en un repaso rápido no podemos dejar de mencionar estas diez ¿conocéis y aplicáis todas? ¿habríais incluido otras?.
Como leyes que son, tienen un enfoque muy general por lo que en breve volveremos con un repaso a los reglamentos que las desarrollan.
Alberto Vizcaíno colabora con el Instituto Superior del Medio Ambiente como docente de Especialista en Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Energía y PRL y Requisitos Ambientales y Actualización Legislativa.
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