Las empresas cotizadas europeas y grupos empresariales tendrán que informar sobre sus impactos sociales y medioambientales a partir del ejercicio fiscal de 2017, después de que este lunes la Comisión Europea diera su aprobación al texto de la directiva sobre información no financiera adoptado por el Consejo Europeo.

A falta de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), la directiva entrará en vigor a los veinte días de la misma y los Estados miembros tendrán dos años para la trasposición a sus cuerpos normativos.

El ejecutivo de Bruselas estima que esta norma afectará a unas 6.000 grandes empresas y grupos de toda la Unión Europea, ya que serán la empresas de «interés público» de más de 500 empleados quienes deban revelar cierta información no financiera en sus informes de gestión.

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De esta forma, estas corporaciones tendrán que divulgar información útil y relevante para la necesaria comprensión de su desarrollo, rendimiento, posición e impacto de su actividad.

Además, la nueva norma ofrece a las empresas una cierta flexibilidad en lo referente a revelar la información pertinente para que lo hagan de la manera que consideren más útil, bien a través de un informe integrado o en uno separado.

En cualquier caso, las empresas pueden utilizar las directrices para la elaboración de informes, bien sean internacionales, europeas o nacionales que consideren apropiadas.

En cuanto a la diversidad en los Consejos de Administración, se requerirá que las grandes empresas que cotizan en bolsa tendrán que hacer pública su política en esta materia, que deberá incluir aspectos como la edad, género, educación y formación profesional de sus equipos de dirección.

La Comisión señala que esta directiva es también un primer paso hacia la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, respecto a la necesidad de una mayor transparencia en materia fiscal, y de garantizar el conocimiento sobre los pagos realizados «país por país».

Para Michel Barnier, vicepresidente de la Comisión y responsable en funciones del Área de Mercado Interior y Servicios, esta normativa «impulsará el rendimiento a largo plazo de las empresas europeas, y mejorará su transparencia, beneficiando a los inversores y la sociedad en general».

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