La nueva Ley de Aguas amplía las competencias de las CCAA

El Consejo de Ministros aprobó el viernes la reforma de la Ley de Aguas a través de un real decreto ley. Las comunidades autónomas podrán asumir a partir de ahora competencias ejecutivas en materia de policía de dominio público hidráulico. De momento, el Estado solo puede transferir estas labores de control de aguas y cauces a las tres regiones que así lo contemplan en sus estatutos: Andalucía, Aragón y Cataluña. Sin embargo, la andaluza es la comunidad autónoma en la tiene un mayor peso político la aprobación del real decreto ley.

El conflicto del Guadalquivir

El Tribunal Constitucional anuló en marzo el artículo 51 del nuevo Estatuto que permitió la transferencia a la Junta de las competencias sobre el Guadalquivir de las aguas de la cuenca que discurren por Andalucía. El problema es que la cuenca también se extiende por tres regiones más y Extremadura recurrió al Constitucional.

Tras el fallo, se entró en una situación de interinidad y se abrieron las negociaciones entre la Junta y el Gobierno para intentar encontrar una salida. La encomienda transitoria aprobada por ambas administraciones para eludir el vacío legal en el que se podría haber entrado caduca en octubre. El real decreto aprobado ayer es un primer paso en la solución que Junta y Gobierno siguen intentando cerrar.

La modificación aprobada ayer supone que Andalucía se hará cargo de las funciones descritas en los apartados 2, 3, 4 del artículo 94 de la Ley de Aguas, una labor que hasta ahora correspondía al Gobierno central. Entre las tareas que pasarán a manos de la Junta está la inspección y control del dominio público, el control del cumplimiento de las concesiones y autorizaciones, la realización de aforos y controles de calidad y la guardería fluvial.

Además de transferirse las funciones de policía de aguas y cauces, también quedarán adscritos a la Junta el personal necesario para realizar esas tareas, según indicó ayer la Consejería de Medio Ambiente, que no concreto el número exacto de funcionarios.

Esa cifra se conocerá cuando se cierre la solución definitiva para el resto de competencias sobre el Guadalquivir que todavía están en el aire y negociándose. Aunque al principio de la negociación entre el Estado y la Junta se planteó dividir en dos grandes tramos la gestión del río -tomando como referencia la presa de Alcalá del Río (Sevilla)-, esta opción está ya descartada, según señalaron ayer fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Lo que se está haciendo ahora es analizar una por una las competencias que restan y cuya gestión podría asumir la Junta. Se busca un encaje legal lo suficientemente sólido para que no pueda ser tumbado de nuevo por el Constitucional o el Tribunal Supremo, que hasta en tres ocasiones ha anulado el anterior decreto de transferencias del Guadalquivir.

Tras la modificación de la Ley de Aguas aprobada  por el Consejero de Ministros, el Gobierno central tendrá que concretar la transferencia a Andalucía de las facultades ejecutivas en materia de policía de aguas. La previsión que maneja la Junta de Andalucía es que se realice a través de un real decreto de transferencias, aunque no está cerrada esta opción.

Lo que pretende el Gobierno andaluz es que en ese texto se incluyan otras funciones. Se trataría de que Andalucía gestionara determinados aspectos, aunque la competencia tendría que seguir en manos del Estado, tal y como han señalado el Constitucional y el Supremo.

La Junta aspira, entre otros asuntos, a poder mantener la gestión y explotación de los pantanos del Guadalquivir que hay en Andalucía. También a poder participar en la planificación hidrológica de la cuenca y a realizar la recaudación de algunos cánones, como el de vertidos o el de regulación.

Respecto a las autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, la Junta pretende que en sus manos esté formular propuestas de resolución. La última palabra siempre tendría que estar en manos del Gobierno central, aunque se buscan fórmulas intermedias.

Otra de las funciones que podrían corresponder a la Junta sería la explotación y mantenimiento de los Sistemas Autonómicos de Información Hidrológica y el Sistema Automático de Información de Calidad, la conocida como red Saica.

Todavía queda por definir si todas estas funciones pueden asignarse a la Junta. Y también otro aspecto fundamental: se tienen que concretar los medios materiales, los funcionarios y la financiación que se transfiere a Andalucía.

Antes de que el Constitucional anulara el primer decreto de transferencia, el Estado entregaba a Andalucía alrededor de 120 millones al año para poder gestionar las competencias asumidas. Además, el traspaso de 2009 también supuso que 704 personas (funcionarios y personal laboral) que dependían de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pasaran a formar parte de la Junta. En manos del Gobierno regional también se quedaron 54 de los 57 embalses de la cuenca del río.

Fuente: www.elpais.com