Seis meses después de recibir el encargo por el Gobierno, la Comisión de Expertos sobre Transición Energética entregó este lunes al ministerio de Energía sus propuestas para renovar la política energética en España bajo los criterios de eficiencia, sostenibilidad y reducción de emisiones, ayudando a cumplir así con los objetivos climático pactados con la UE.

El informe, de 546 páginas, ha recibido 11 votos a favor y 3 abstenciones entre los miembros de la Comisión, formada por 14 personas: cuatro designadas por el Gobierno, siete representantes parlamentarios (una por grupo) y tres de los agentes sociales (dos de los sindicatos CC OO y UGT, y otra de la patronal CEOE). Su dictamen llegará ahora al Congreso, donde servirá de base de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Los expertos apuntan que el cumplimiento del objetivo de renovables dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. Y la idea principal de este grupo de sabios es que la fiscalidad sea un elemento clave para electrificar la economía española, descarbonizarla y cumplir los objetivos. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros basados en el axioma ‘quien contamina paga’.

los expertos ven perfectamente viable un 62% de generación renovable en 2030

Las propuestas de los expertos

Encarecimiento de los combustibles y del ‘numerito’. La apuesta de la Comisión es encarecer la fiscalidad del gasóleo, que elevaría su precio un 28,6%. El alza propuesta para la gasolina sería del 1,8%. La patronal de transportistas considera que tendrá un efecto negativo en la exportación porque, según el director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, la mayoría de las ventas hacia la UE “viaja por carretera”. Valdivia critica la tentación de “escudarse” en el CO2 para justificar una subida impositiva a los carburantes. El Comité aconseja además reforzar la señal medioambiental a impuestos locales afectados como el de circulación; el llamado ‘numerito’ de los ayuntamientos.

Electricidad más barata, gas más caro. Los expertos creen que la electricidad en España es “artificialmente cara” respecto a otras fuentes (como el gas) y apuntan al diseño de peajes como el principal culpable. Así que proponen sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Según los cálculos del comité, estas medidas abaratarían la factura en un 6,8% al disminuir los peajes —la parte regulada del recibo— , pero encarecerían el gas un 5,8% y también subiría el butano, la gasolina y el gasóleo.

Dos nuevos impuestos: CO2 y otras emisiones. Abogan por sustituir los actuales impuestos energéticos por otros que internalicen los daños medioambientales derivados de la generación y el consumo de energía. En concreto, se plantea dos nuevos impuestos, uno para las emisiones de CO2 y otro para otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas). Estos nuevos gravámenes recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad y sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo. También subiría algo el precio mayorista del recibo de la luz por el impacto del impuesto al CO2.

Revisar los peajes de acceso y suprimir el de respaldo. Los peajes, dice la Comisión, incentivan de modo ineficiente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados. “Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala”, apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Financiar un bono social energético desde los Presupuestos. Recomiendan extender la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no solo a los severos), “siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas”, con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes.

Expandir el uso de los vehículos eléctricos. El transporte fue entre 1990 y 2015 el “principal responsable” del incremento de gases invernadero, así que la Comisión apuesta por el uso de vehículos eléctricos. Observan que su penetración aún es reducida por dos motivos: “de modo muy destacado” por el coste y, en segundo lugar, por la evolución que experimentan las baterías y la autonomía. Fomentar esta tecnología de movilidad, dicen los sabios, debe centrarse más en cambiar la fiscalidad, y no con “medidas de gasto público que generen costes no recuperables”.

Pagar infraestructuras con dinero público e impuestos. El comité precisa que la inversión en  infraestructuras viarias y energéticas tiene un impacto positivo en la economía por lo que una parte debería financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado. En el caso de las viarias, el informe plantea dos opciones: una, un recargo al consumo de gasolina y gasóleo; la otra, un sistema de “viñetas” al estilo de otros países de la UE que pagarían los propietarios de vehículos por usar las vías. Estas “viñetas”, dicen, sería “imprescindible” a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo. Estarían exentos los transportistas y agricultores.

Alargar la vida útil de las centrales nucleares. Los expertos estiman que su cierre incrementaría el precio de la electricidad un 20% y  duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Además, estiman que alargando su vida en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales y piden una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.

Fin del carbón y pérdida de peso del gas. El informe apunta a que con los precios propuestos de los combustibles y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto, la participación del carbón en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé su desaparición en 2030. El gas naturalsí jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, cuando la generación girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y almacenamiento.

Mecanismos de capacidad. Contemplan la puesta en marcha de mecanismos de capacidad que garanticen a las centrales eléctricas recuperar sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación “que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad”. Esto podría ser menos costoso para el consumidor que construir centrales nuevas en unos años.

Eficiencia energética en los edificios e industria. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

Un nuevo consejo de sabios sobre la energía. La comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

Análisis del informe realizado por Caty Arévalo (EFE Verde)

Fuentes: 20 Minutos y EFE Verde