El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el  decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado 5 de octubre que incluye entre otras medidas urgentes la derogación del denominado impuesto al sol, la ampliación del bono social y la suspensión durante seis meses de dos impuestos a la generación eléctrica para abaratar un 4% el recibo de la luz.

La norma se tramitará como proyecto de ley por exigencia y ha sido aprobada por 180 votos a favor, con 2 en contra y 160 abstenciones, entre las que se cuenta la del PP, que impulsó el famoso ‘impuesto al sol’.

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que ha señalado que el Gobierno está «a punto» de culminar la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de fijación de peajes eléctricos para evitar una multa de la Comisión Europea, ha insistido en que esta batería de medidas urgentes irá acompañada de una reforma estructural que evitará la «sobrerretribución que encarece de manera innecesaria la transición».

Tal y como ha recordado el portavoz de En Comú Podem, Francesc Vendrell, en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos figura una batería de medidas entre las que destaca la promesa de atajar los denominados «beneficios caídos del cielo» de las centrales hidroeléctricas y nucleares para dejar de pagar «sardinas a precio de caviar». Además, se contempla una «profunda» reforma del bono social que podría materializarse durante las enmiendas a este decreto.

A favor del texto se han pronunciado los portavoces del PSOE, Podemos, Coalición Canaria, UPN, Compromís, PDCAT, PNV y ERC, aunque la mayoría han anunciado que introducirán enmiendas al texto. Ciudadanos, que inicialmente había avanzado su voto favorable, ha arremetido contra lo que ha denominado «cuponazo» para la industria vasca. Desde el PP, que implantó el denominado impuesto al sol en el Gobierno, su diputado Guillermo Mariscal ha ofrecido «vocación de diálogo» para esta reforma, aunque ha expresado «dudas» sobre el volumen de autoconsumo que puede «asumir» el sistema eléctrico sin que suponga una «transferencia de rentas».

El decreto ley incluye una serie de medidas contra la escalada de precios que ha protagonizado desde el pasado mes de mayo la electricidad en el mercado mayorista (que incide directamente en el recibo). Entre ellas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad durante seis meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, conocido como ‘céntimo verde’, para la generación con gas; y la derogación del ‘impuesto al sol’ eliminando peajes y cargos al autoconsumo.

La norma incluye una rebaja de los peajes eléctricos que beneficiará fundamentalmente a la industria vasca (cerca de 1.000 empresas), que ya fue comprometida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que durante el pleno de este jueves ha recibido duras críticas de la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, que lo ha definido como «cheque» del Gobierno «para pagar el apoyo de sus socios».

El decreto aumenta un 15% los límites de consumo a los que se aplica el descuento del bono social eléctrico, crea un bono social térmico para calefacción que consiste en una ayuda directa financiada por los Presupuestos del Estado e incluye medidas de impulso al transporte eléctrico. También se obliga a reflejar en la factura de la luz el ahorro que supondría contratar la tarifa con discriminación de horaria (la más recomendada por los expertos) y se facilitan las bajadas de la potencia contratada.

El Ejecutivo tiene previsto compensar la reducción de ingresos por la suspensión de esos dos impuestos con la transferencia de más recursos procedentes de las subastas de derechos de emisiones, hasta ahora limitadas a un máximo de 450 millones al año, e, incluso, utilizar el superávit acumulado del sector eléctrico para cubrir los desajustes de ingresos y gastos que surjan en 2018 y 2019.

Por último, se amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para que los que disfrutaban del anterior bono social soliciten el nuevo, que concluía el 8 de octubre, También se prohíbe cortar el suministro por impago a familias donde haya al menos un menor de 16 años o personas con discapacidad o dependencia reconocida, y se prohíbe  comercializar electricidad y gas «puerta a puerta».

Fuente: El diario